Cabal vs el decretazo presidencial

El escenario político colombiano se sacude nuevamente tras conocerse que el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la senadora María Fernanda Cabal contra el polémico decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular. Aunque el decreto fue anulado semanas después, la acción judicial avanza y podría tener implicaciones jurídicas y políticas de gran alcance.

La demanda no solo cuestiona la legalidad del decreto en sí, sino también el uso que el Gobierno hizo de sus facultades, al firmarlo sin el respaldo del Congreso. En el fondo, se debate si el Ejecutivo actuó por fuera de sus límites constitucionales al intentar imponer una consulta popular como vía para impulsar su agenda, desestimando los procedimientos democráticos establecidos.

Para María Fernanda Cabal, esta es una victoria institucional que evidencia que el poder presidencial no puede estar por encima de la ley, ni mucho menos utilizarse como una herramienta de presión política. Asegura que lo ocurrido representa un precedente peligroso y que los funcionarios que avalaron el acto deben responder por ello.

Aunque el decreto ya no tiene efectos jurídicos, la demanda busca dejar claro que su expedición fue irregular, y que los errores de forma y fondo no pueden pasar inadvertidos. La admisión del recurso abre la puerta a una revisión profunda del actuar presidencial y del gabinete que lo acompañó, en un contexto donde la tensión entre poderes se agudiza.

Más allá del debate legal, este episodio refleja el pulso constante entre el Ejecutivo y quienes defienden el equilibrio institucional. La política colombiana entra así en un nuevo capítulo, donde el derecho y el poder vuelven a enfrentarse.

23 de Julio 2025