La nulidad de la Resolución 327 de 2025: un paso hacia la dignidad institucional

La Resolución 327 de 2025, expedida por la Presidencia de la República, generó un profundo debate nacional al designar como “gestores de paz” a varios exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Nombres como los de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Hernán Giraldo Serna reaparecieron en la vida pública, esta vez bajo el argumento de aportar a la “Paz Total”. Sin embargo, la medida no solo despertó indignación en víctimas y sectores sociales, sino que también dio pie a una demanda de nulidad que hoy representa una esperanza para la democracia.

La senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las voces más firmes en cuestionar la Resolución. Para ella, abrir las puertas de la política de paz a quienes fueron responsables de masacres, desplazamientos y narcotráfico, constituye una afrenta contra la justicia y una humillación para las víctimas. En sus palabras, el país no puede confundir reconciliación con impunidad, ni permitir que se legitimen figuras criminales bajo el discurso de la paz.

Apoyar la nulidad de la Resolución 327 no significa negar los caminos de negociación o diálogo como instrumentos legítimos en la resolución de conflictos. Al contrario, implica trazar un límite claro: la paz no puede construirse a costa de la memoria ni del respeto al Estado de derecho. La justicia transicional tiene un marco normativo, y excederlo con figuras jurídicas improvisadas erosiona la legitimidad institucional.

De prosperar la demanda, Colombia enviaría un mensaje contundente: la democracia es más fuerte que las concesiones indebidas, y la paz no se decreta nombrando gestores a quienes no han terminado de responderle a la justicia ni de reparar a sus víctimas. Esto abriría un camino positivo hacia el futuro: uno donde la política de paz no esté subordinada a intereses coyunturales, sino a la defensa de principios éticos y constitucionales.

María Fernanda Cabal plantea que solo un Estado serio, con instituciones firmes y reglas claras, puede ofrecer garantías reales de no repetición. En esa visión, la nulidad de la Resolución 327 sería un hito para restablecer la confianza ciudadana en la justicia y demostrar que en Colombia la paz no es sinónimo de impunidad, sino de responsabilidad y verdad.

El futuro del país depende de ello: de un marco institucional que reconcilie, pero que nunca ceda al chantaje ni al relativismo moral. Porque una paz sin justicia es apenas una pausa en la violencia, mientras que una paz cimentada en la verdad y el respeto a la ley es la única que podrá ser duradera.

24 de Septiembre 2025