Uribe y la supuesta guerra digital: ¿enemigos virtuales o fantasmas políticos?

La reciente denuncia de la senadora María Fernanda Cabal sobre una supuesta “guerra digital internacional” contra Álvaro Uribe Vélez y la oposición colombiana genera preguntas necesarias sobre el uso del discurso político en tiempos de crisis institucional.

Esta declaración surge justo después del fallo de primera instancia que condenó al expresidente Uribe por soborno y fraude procesal. Se trata de un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia reciente de Colombia, un exmandatario es hallado responsable de delitos en el marco de un proceso judicial formal. Este contexto, por sí solo, sacude la estructura del poder político tradicional y deja al uribismo en una posición delicada frente a la opinión pública.

En lugar de reconocer la gravedad del caso y promover un debate sereno sobre las implicaciones jurídicas y éticas del fallo, sectores como el que representa Cabal han optado por reforzar una narrativa de persecución. Hablar de una operación digital extranjera suena más a una estrategia de distracción que a una denuncia fundamentada. No se han presentado pruebas claras, ni estudios técnicos ni trazabilidad digital que respalden la teoría de una conspiración internacional.

Este tipo de discursos no es nuevo. Forman parte de una tendencia global en la que líderes políticos cuestionan las instituciones cuando sus decisiones no los favorecen. Así se siembra desconfianza en la justicia, se polariza a la ciudadanía y se fortalece la identidad del líder como víctima, no como responsable.

En una democracia, el uso del lenguaje tiene consecuencias. No es menor que se hable de "guerra" cuando lo que está en juego es el cumplimiento de la ley. Convertir un proceso judicial legítimo en un campo de batalla ideológico no solo erosiona el Estado de Derecho, sino que reduce el espacio para el pensamiento crítico y el diálogo social.

El país necesita mirar hacia adentro: analizar con rigor los hechos, exigir transparencia a todos los sectores y proteger la institucionalidad frente a los intentos de manipulación política.

31 de Julio 2025